Hay 25 fiscales amenazados de muerte por investigar al crimen organizado. Veinticinco representantes del Ministerio Público obligados a cambiar rutas, vigilar sus movimientos y temer por sus familias mientras cumplen una función que el Estado les encomendó. El crimen recopila información, identifica domicilios y envía amenazas; las autoridades responden con comunicados, exhortaciones y oficios. La delincuencia actúa en tiempo real. El Estado, como tantas veces, parece atender por mesa de partes.
El caso más reciente es el del fiscal Leonardo Guffanti Parra. Tras conseguir 26 meses de prisión preventiva contra José Nole, investigado por el robo de lingotes de oro en la Costa Verde y señalado como presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao y Ventanilla, recibió mensajes intimidatorios desde un número de Colombia.
“Sabemos todo sobre ti” y “no eres intocable”, le advirtieron, incluyendo referencias a sus desplazamientos y a su familia en España. No fue una frase lanzada al azar, sino una demostración de seguimiento. El objetivo resulta evidente: convertir cada avance judicial en una amenaza personal y cada investigación en una decisión entre cumplir con el deber o proteger la vida.
Guffanti pidió resguardo para su domicilio y centro de labores. La protección, sin embargo, no se había concretado. El expediente contra el crimen avanzó; el expediente para cuidar al fiscal, aparentemente, encontró el ritmo habitual de la burocracia.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, confirmó que 25 fiscales están amenazados. Ante la falta de recursos, deben aplicar medidas de autoprotección, como variar sus recorridos. Extraordinaria estrategia: frente a organizaciones con armas, vigilancia y capacidad internacional, la respuesta institucional es sugerir otro camino para regresar a casa.
El fiscal de la Nación expresó respaldo y aseguró que el Ministerio Público no retrocederá. La declaración corresponde, pero no protege una vivienda ni acompaña a una familia. Más grave todavía: los despachos especializados contra el crimen organizado no cuentan con resguardo policial. Se exige firmeza a los fiscales mientras se les deja expuestos. Heroísmo obligatorio, protección opcional.
Los 25 fiscales necesitan seguridad inmediata, inteligencia preventiva, evaluación permanente de riesgos y protección para sus familias. No basta reaccionar después de cada amenaza ni esperar que ocurra una tragedia para descubrir presupuesto, personal y voluntad política.
Reflexión final
Cuando el crimen puede amenazar a quienes lo investigan y el Estado apenas recomienda cambiar de ruta, la pregunta ya no es quién tiene más poder, sino quién lo ejerce con mayor eficacia. Abandonar a un fiscal es abandonar la investigación, la justicia y la autoridad de la ley. Si el miedo termina dictando los límites de una pesquisa, el crimen organizado ya habrá conseguido su primera sentencia: la impunidad. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).