Rafael López Aliaga ha trazado una línea política dentro del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo: Renovación Popular respaldará lo urgente, pero no aprobará todo el paquete. La precisión resulta necesaria en un país donde las emergencias suelen convertirse en envoltorios convenientes para introducir medidas que merecen discusión, explicaciones y control parlamentario.
El líder de Renovación Popular afirmó que su partido apoyará al Gobierno en asuntos relacionados con la inseguridad ciudadana, el Fenómeno El Niño y la reducción del gasto estatal. Son materias que demandan decisiones oportunas ante el avance del crimen organizado, la proximidad de posibles desastres naturales y el uso cuestionable de los recursos públicos.
Sin embargo, López Aliaga objetó que el Ejecutivo haya incorporado disposiciones relativas a las tasas de interés. Su pregunta es directa: ¿qué tiene ese asunto de emergencia? La respuesta no puede ser una frase técnica ni una página perdida entre decenas de materias. Si el Gobierno pretende intervenir en un tema que afecta los créditos, las tarjetas, las microempresas y la economía familiar, debe explicar con precisión qué problema resolverá, mediante qué mecanismos y con cuáles salvaguardas.
El cuestionamiento no significa que el sistema financiero deba permanecer intocable. López Aliaga propone abrir la competencia a bancos con licencias europeas y permitir que el Banco de la Nación ofrezca créditos con mejores condiciones. Estas alternativas también requieren análisis técnico, legal y económico. Romper concentraciones no consiste únicamente en abrir puertas: exige garantizar solvencia, supervisión, protección del ahorro y competencia efectiva.
También debe examinarse la forma en que se tramitan las facultades. Seis comisiones de la Cámara de Diputados las han rechazado por considerar que el pedido es demasiado amplio y carece de precisión. Tres bancadas opositoras solicitan que se presente una nueva propuesta limitada a seguridad ciudadana y gestión de desastres. No toda discrepancia es obstrucción, como tampoco todo respaldo constituye responsabilidad.
López Aliaga acierta al advertir que su partido no debe apoyar automáticamente todas las solicitudes del Ejecutivo. La cooperación política es necesaria, pero no puede sustituir a la fiscalización. Cada facultad delegada debe tener una finalidad concreta, un plazo definido y controles verificables.
Reflexión final
Un gobierno que comienza merece condiciones para actuar, no permiso para legislar sin límites. El Congreso tampoco puede bloquear por consigna ni aprobar por obediencia. Entre la oposición automática y el cheque en blanco existe una obligación democrática: leer, debatir y decidir pensando en el país. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).