Han pasado 19 años desde que el terremoto de Pisco sacudió al país el 15 de agosto de 2007 y dejó una herida que todavía debería avergonzarnos. El sismo, de magnitud 7,9, causó 596 muertos, 1.292 heridos, más de 431 mil damnificados y 91.240 viviendas colapsadas. Pisco quedó devastado, la capacidad de respuesta local fue desbordada y la plaza principal terminó convertida en un improvisado lugar de identificación de víctimas.
Casi dos décadas después, la pregunta resulta inevitable: ¿qué aprendió realmente el Perú?
La respuesta incómoda. Se modificaron normas, mejoraron sistemas de monitoreo, se elaboraron cartas de inundación y se multiplicaron simulacros. Pero el problema estructural sigue allí: viviendas informales, autoconstrucción, ocupación de zonas de alto riesgo, infraestructura vulnerable y una gestión fragmentada que parece funcionar mejor en documentos que frente a la realidad.
El propio presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, ha advertido que la población continúa construyendo en lugares y condiciones similares a las que existían antes de la tragedia. Si después de casi veinte años seguimos reproduciendo los mismos factores de vulnerabilidad, entonces algo esencial ha fallado.
No basta con culpar al ciudadano que autoconstruye. También existe una responsabilidad política acumulada.
Gobiernos sucesivos han administrado la prevención como una colección de programas, simulacros, protocolos y comunicados, pero sin consolidar una política nacional verdaderamente integrada que articule prevención, mitigación, respuesta, reconstrucción, salud, transporte, abastecimiento, rescate y seguridad.
El Perú tiene instrumentos de gestión del riesgo, pero siguen existiendo planes dispersos, competencias fragmentadas y capacidades desiguales entre instituciones y territorios. Lo que falta es una conducción nacional capaz de integrar recursos, presupuestos, metas, infraestructura crítica y responsabilidades bajo una sola estrategia operativa.
Porque un terremoto de gran magnitud no preguntará qué ministerio tiene la competencia. Derribará hospitales, bloqueará carreteras, interrumpirá agua y electricidad, aislará ciudades y exigirá miles de respuestas simultáneas.
¿Tenemos suficientes hospitales operativos? ¿Camas? ¿Medicinas? ¿Brigadas especializadas? ¿Maquinaria pesada? ¿Helicópteros? ¿Reservas de agua y alimentos? ¿Rutas alternativas? ¿Sistemas de comunicación autónomos?
Si esas respuestas no están disponibles de manera pública, inmediata y verificable, entonces todavía estamos demasiado cerca de la improvisación.
Desde La Caja Negra sostenemos que el Estado debe impulsar un Plan Nacional Integral ante Fenómenos Naturales, articulado, financiado y fiscalizable. No otra comisión temporal. No otro documento que duerma en una oficina. Un verdadero sistema nacional con capacidad real de actuar.
Pisco no fue solamente una tragedia. Fue una advertencia.
Y una advertencia ignorada durante 19 años deja de ser una lección pendiente para convertirse en responsabilidad política.
Reflexión final
Los simulacros son necesarios, pero no levantan hospitales, no reemplazan maquinaria, no garantizan agua ni crean equipos de rescate.
El próximo gran terremoto no nos preguntará cuántos ejercicios hicimos. Nos preguntará cuánto aprendimos. Y, hasta ahora, la respuesta sigue siendo insuficiente. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).