Entre 5.000 y 6.000 bodegas podrían cerrar durante 2026, según cifras del Centro de Estudios de la Mype citadas por la Asociación de Mujeres Bodegueras. La proyección casi duplica los poco más de 3.000 cierres registrados en 2025. No se trata únicamente de negocios que bajan sus cortinas: son familias que pierden ingresos, barrios que quedan sin abastecimiento cercano y una economía popular castigada por la criminalidad, la falta de crédito y la amenaza del Fenómeno El Niño.
La inseguridad ya es señalada por el 52% de las microempresas como su principal obstáculo para crecer. En el caso de las bodegas, la extorsión resulta especialmente destructiva. Son negocios expuestos al público, con ventas diarias limitadas y escaso margen para asumir pérdidas. Cada “cupo” exigido por una organización criminal funciona como un impuesto clandestino cobrado con amenazas. El delincuente recauda; el Estado publica lineamientos.
La Política General de Gobierno 2026-2031 promete reducir la afectación causada por delitos violentos, extorsión y crimen organizado. La declaración es correcta, pero una política escrita no protege una puerta ni responde una llamada intimidatoria. Las bodegas necesitan patrullaje focalizado, canales seguros de denuncia, inteligencia contra las redes de extorsión y protección efectiva para comerciantes amenazados.
A esta presión se suma la falta de financiamiento. Según Agremub, el 88% de las bodegas no accede a créditos bancarios. Sin capital formal, reponer mercadería, afrontar gastos imprevistos o recuperarse de una caída en las ventas puede volverse imposible. El pequeño comerciante queda atrapado entre el crédito inaccesible y el prestamista informal, mientras el sistema financiero lo observa como riesgo, aunque lleve años sosteniendo la economía de su comunidad.
El Fenómeno El Niño completa el cerco. Las lluvias, inundaciones y daños en las carreteras pueden interrumpir el abastecimiento, elevar los costos logísticos y reducir las ventas. El comercio minorista vuelve a aparecer en los planes públicos cuando ya está inundado o desabastecido. Prevenir, al parecer, todavía consiste en explicar después por qué no se actuó antes.
El eventual cierre de 6.000 bodegas no debe asumirse como una estadística inevitable. Se requieren medidas de seguridad territorial, garantías crediticias, apoyo para la continuidad operativa y planes de abastecimiento frente a emergencias climáticas. También metas públicas que permitan exigir resultados, no solamente anuncios.
Reflexión final
La bodega es el último eslabón de una cadena que alimenta diariamente a millones de hogares. Cuando una cierra, no fracasa únicamente un negocio: retrocede una familia y pierde un barrio. Si el crimen cobra, el banco excluye y el clima amenaza mientras el Estado promete, la cortina metálica que baja no representa una decisión empresarial. Es el sonido de un país abandonando a quienes todavía intentan trabajar dentro de la ley. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).